Imputado un ex teniente de alcalde de Barcelona por el sobrecoste del Sant Pau
- El nuevo edificio disparó la inversión prevista de los 216 millones a 293.
- Xavier Casas ocupaba un puesto en la dirección del hospital en representación del Ayuntamiento.
- El juez también llama a declarar al expresidente del ICS, Josep Prat Domènech.
- La investigación ya salpica a todos los máximos directivos del centro sanitario de la última década.
4-06-2013. El País.
La investigación en marcha en el juzgado de instrucción 22 de Barcelona que trata de poner luz al cúmulo de adjudicaciones y pagos irregulares registrados en la última década en el hospital de Sant Pau salpica ya a prácticamente todos los gestores y políticos que intervinieron en la construcción entre 2001 y 2009 del nuevo edificio del centro sanitario, que registró un monumental sobrecoste desde los 216 millones de euros previstos inicialmente hasta los 293 millones, un 35%, según han revelado documentos internos del hospital.
En un auto dictado hoy, el magistrado Juan Emilio Moya llama a declarar como imputados por los delitos de malversación y prevaricación a otras nueve personas (que se suman a la docena ya imputadas), entre las que destaca el ex teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas y la del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech. La imputación de Casas se debe a que ocupaba en representación del municipio un sillón en la Muy Ilustre Administración (MIA) de Sant Pau, su máximo órgano directivo y en el que están representados la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento.
El auto destaca que entre 2001 y 2005 fueron adjudicados contratos por decenas de millones de euros sin la correspondiente licitación pública. Lo destacable del caso es que pese a era la Generalitat la que financiaba las obras, fue la MIA la que las adjudicó y supervisó, a menudo incumpliendo la normativa. Este hecho explica en buena medida el desaguisado registrado en el proyecto de construcción del hospital.
El juez detalla en las cinco páginas del auto la adjudicación por casi 100 millones de euros "sin acudir a ningún procedimiento de contratación", es decir, sin concurso público, de dos de las cuatro fases de construcción del hospital (la segunda y la tercera). El auto también recoge la adjudicación directa de contratos de jardinería a la empresa Green Project por 473.482 euros y de la asesoría del traslado de los servicios del hospital desde los antiguos al nuevo edificio a la empresa Consultoria i Gestió, filial del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).
Junto a Casas también han sido imputados como representantes de la MIA en los años investigados Joan Jarque Jutglar y Josep Anton Arenas Sampera. El juez también ha incluido en la lista de imputados a Malaquías Zayas Cuerpo, ya fallecido.
El auto también llama a declarar al exgerente Jordi Colomer (2004 a 2007) y a su antecesor en el cargo Josep Anton Grau i Reinés, que fue director del Institut Català del Sòl (Incasòl) con el primer Gobierno de Artur Mas. Asimismo ha sido imputado Jordi Bachs Ferrer, gerente de la fundación que gestiona el patrimonio de la institución.
El auto también llama a declarar al exconsejero de Sanidad de la Generalitat, Josep Laporte, fallecido en 2005. El juez ha incluido a Laporte por su posición como presidente del patronato de Sant Pau en los primeros años de la pasada década.
Entre la lista de imputados destaca también la inclusión Josep Prat Domènech, quien está siendo investigado (fue detenido el pasado febrero) por varios delitos en la empresa municipal del Ayuntamiento de Reus, Innova. Prat formó parte de los órganos de dirección de la fundación que gestiona el hospital.
La gran investigación judicial sobre la gestión del hospital de Sant Pau arrancó hace poco más de un año tras la querella presentada contra la cúpula del hospital por sindicatos y trabajadores del centro sanitario. El juez ha imputado ya a una veintena de personas por el caso y ha dividido la causa en tres líneas de investigación. La primera, la que justifica el auto de hoy, investiga el sobrecoste y las adjudicaciones irregulares en la construcción del nuevo edifico del hospital. La segunda indaga los contratos irregulares a personas como Ricard Gutiérrez Martí, quien estuvo siete años cobrando como gerente adjunto del hospital pese a que ya no trabajaba en el centro.
La tercera línea de investigación indaga si la estructura del hospital, dividida en tres fundaciones, perjudica a pacientes y trabajadores, como afirman los denunciantes. Según esta hipótesis, la fundación que gestiona el ingente patrimonio del hospital (formada por más de un millar de propiedades recibidas como donaciones) se queda con las rentas de estos bienes sin transferirlas a la fundación que gestiona el hospital, en contra de lo que habrían establecido los donantes.
La crisis que vive el hospital se ha visto agitada tras revelar EL PAÍS que el actual presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro sanitario, Xavier Pomés (ex consejero de Sanidad con los Gobiernos de Jordi Pujol, de CiU), es consejero en dos empresas privadas con importantes intereses sanitarios en Cataluña. La reacción de Pomés, negando tener relación económica con ambas compañías, provocó las críticas de buena parte de los partidos de la oposición, que pidieron su dimisión.
La investigación en marcha en el juzgado de instrucción 22 de Barcelona que trata de poner luz al cúmulo de adjudicaciones y pagos irregulares registrados en la última década en el hospital de Sant Pau salpica ya a prácticamente todos los gestores y políticos que intervinieron en la construcción entre 2001 y 2009 del nuevo edificio del centro sanitario, que registró un monumental sobrecoste desde los 216 millones de euros previstos inicialmente hasta los 293 millones, un 35%, según han revelado documentos internos del hospital.
En un auto dictado hoy, el magistrado Juan Emilio Moya llama a declarar como imputados por los delitos de malversación y prevaricación a otras nueve personas (que se suman a la docena ya imputadas), entre las que destaca el ex teniente de alcalde por el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas y la del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech. La imputación de Casas se debe a que ocupaba en representación del municipio un sillón en la Muy Ilustre Administración (MIA) de Sant Pau, su máximo órgano directivo y en el que están representados la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento.
El auto destaca que entre 2001 y 2005 fueron adjudicados contratos por decenas de millones de euros sin la correspondiente licitación pública. Lo destacable del caso es que pese a era la Generalitat la que financiaba las obras, fue la MIA la que las adjudicó y supervisó, a menudo incumpliendo la normativa. Este hecho explica en buena medida el desaguisado registrado en el proyecto de construcción del hospital.
El juez detalla en las cinco páginas del auto la adjudicación por casi 100 millones de euros "sin acudir a ningún procedimiento de contratación", es decir, sin concurso público, de dos de las cuatro fases de construcción del hospital (la segunda y la tercera). El auto también recoge la adjudicación directa de contratos de jardinería a la empresa Green Project por 473.482 euros y de la asesoría del traslado de los servicios del hospital desde los antiguos al nuevo edificio a la empresa Consultoria i Gestió, filial del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC).
Junto a Casas también han sido imputados como representantes de la MIA en los años investigados Joan Jarque Jutglar y Josep Anton Arenas Sampera. El juez también ha incluido en la lista de imputados a Malaquías Zayas Cuerpo, ya fallecido.
El auto también llama a declarar al exgerente Jordi Colomer (2004 a 2007) y a su antecesor en el cargo Josep Anton Grau i Reinés, que fue director del Institut Català del Sòl (Incasòl) con el primer Gobierno de Artur Mas. Asimismo ha sido imputado Jordi Bachs Ferrer, gerente de la fundación que gestiona el patrimonio de la institución.
El auto también llama a declarar al exconsejero de Sanidad de la Generalitat, Josep Laporte, fallecido en 2005. El juez ha incluido a Laporte por su posición como presidente del patronato de Sant Pau en los primeros años de la pasada década.
Entre la lista de imputados destaca también la inclusión Josep Prat Domènech, quien está siendo investigado (fue detenido el pasado febrero) por varios delitos en la empresa municipal del Ayuntamiento de Reus, Innova. Prat formó parte de los órganos de dirección de la fundación que gestiona el hospital.
La gran investigación judicial sobre la gestión del hospital de Sant Pau arrancó hace poco más de un año tras la querella presentada contra la cúpula del hospital por sindicatos y trabajadores del centro sanitario. El juez ha imputado ya a una veintena de personas por el caso y ha dividido la causa en tres líneas de investigación. La primera, la que justifica el auto de hoy, investiga el sobrecoste y las adjudicaciones irregulares en la construcción del nuevo edifico del hospital. La segunda indaga los contratos irregulares a personas como Ricard Gutiérrez Martí, quien estuvo siete años cobrando como gerente adjunto del hospital pese a que ya no trabajaba en el centro.
La tercera línea de investigación indaga si la estructura del hospital, dividida en tres fundaciones, perjudica a pacientes y trabajadores, como afirman los denunciantes. Según esta hipótesis, la fundación que gestiona el ingente patrimonio del hospital (formada por más de un millar de propiedades recibidas como donaciones) se queda con las rentas de estos bienes sin transferirlas a la fundación que gestiona el hospital, en contra de lo que habrían establecido los donantes.
La crisis que vive el hospital se ha visto agitada tras revelar EL PAÍS que el actual presidente del patronato de la fundación que gestiona el centro sanitario, Xavier Pomés (ex consejero de Sanidad con los Gobiernos de Jordi Pujol, de CiU), es consejero en dos empresas privadas con importantes intereses sanitarios en Cataluña. La reacción de Pomés, negando tener relación económica con ambas compañías, provocó las críticas de buena parte de los partidos de la oposición, que pidieron su dimisión.
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