F.J. Montero, técnico superior de rayos: "Hemos notado una improvisación absoluta"

F.J. Montero, técnico superior de rayos: "Hemos notado una improvisación absoluta"

14-10-2014. Cuatro.

Francisco Javier Montero denunciaba las dificultades que tanto los técnicos de rayos como de laboratorio tiene que para realizar su trabajo con los trajes de protección ante el ébola.

Más información.

• Comunidado Fesitess Madrid (PDF).

Sanitarios del Carlos III apoyan a Teresa y critican la gestión de la crisis

14-10-2014. La Vanguardia.

Medio centenar de trabajadores del Hospital Carlos III y representantes sindicales ha secundado hoy una concentración de "apoyo personal y profesional" a Teresa Romero y en protesta por la gestión de la crisis por las administraciones, en especial por el consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez.

Con pitos y cornetas, han salido a la calle Sinesio Delgado coreando consignas como "Todos estamos con Teresa", al tiempo que los coches les apoyaban con pitidos de claxon cuando pasaban frente al hospital, donde siguen apostados numerosos periodistas y unidades móviles y se observa hoy mayor presencia policial.

"Parece mentira que se tache a Teresa de insensata e irresponsable cuando, si hay que decir algo de ella es que es una heroína como todas estas personas que dan su vida por cuidar a los demás, ya sea en África o en cualquier lugar del mundo", ha dicho la secretaria del sindicato SAE, Aurora González, durante la lectura de un comunicado.

"Estamos aquí para dar nuestro más sincero apoyo a Teresa. Ha sido ella, pero podíamos haber sido cualquiera de nosotros", añadía el comunicado, según el cual el sistema está "dirigido por personas que desprecian este esfuerzo y ahondan aún más en este desprestigio de manera gratuita y sin ningún conocimiento por la profesión".

Esta concentración es "una muestra más del enfado e indignación de los sanitarios", que el pasado viernes recibieron a los presidentes Mariano Rajoy e Ignacio González con gritos y lanzándoles guantes, y tiene su origen en "la desprotección por parte de la Administración que no había proporcionado formación ni medios materiales", ha dicho Paloma Parrilla, del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE).

Para el secretario de CSIT-UP, José Ángel Montero, la forma en que se ha gestionado la crisis y las declaraciones del consejero madrileño "han sido irresponsables". "Quienes debían velar por la integridad y apoyar el trabajo de Teresa han hecho unas manifestaciones desafortunadas, que son las que han generado una indignación muy grande", ha añadido.

Asimismo, el secretario de Satse, José Manuel Freire ha considerado que "el trato que ha recibido Teresa no es el adecuado" y ha denunciado que los sanitarios "hayan tenido que afrontar esta situación carentes de formación y sin adiestramiento".

En su opinión, el consejero "debe asumir sus responsabilidades", ya que sus declaraciones responsabilizando a Teresa del contagio "fueron muy desafortunadas, jamás debió hacerlas".

También desde CSIT piden el cese del consejero porque "sus palabras, a las que no ha podido contestar Teresa, no son propias de un responsable de la sanidad madrileña".

El secretario en Madrid del sindicato de Técnicos superiores sanitarios, Francisco Javier Montero, ha reconocido que ahora "hay más cursos de formación, pero todavía son insuficientes", porque la instrucción debe ser "mucho mayor y más específica".

Ha considerado, además, que el protocolo frente al ébola debe ser exactamente el mismo en los casos de sospecha que ante un caso de infección", y ha criticado que "los trajes no son los mismos en la habitación de la enferma" que los que están disponibles en otros hospitales en previsión de nuevos casos.

Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial

Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial

• El presidente anuncia en rueda de prensa que deja sin efecto la externalización de seis hospitales públicos de Madrid.
• El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, abandona el cargo por el fracaso del proceso.

27-01-2014. El País.

El Gobierno madrileño (PP) se rinde. El mayor plan de privatización de la gestión de la sanidad pública jamás diseñado en España ha quedado desactivado este lunes después de que el presidente madrileño, Ignacio González, anunciara que renuncia a seguir adelante con él. Al menos de momento, ya que no descartó hacerlo en un futuro, por más que dentro del Partido Popular considerasen la posibilidad “más que remota”.

La dimisión de Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad desde marzo de 2010, se interpreta de hecho como la renuncia definitiva a los planes de privatización a cuatro meses de las elecciones europeas y a menos de año y medio de las autonómicas y municipales de 2015. Lasquetty será sustituido por el médico Javier Rodríguez Rodríguez, actual portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid. Rodríguez es catedrático de Patología General y jefe de la Unidad de Hipertensión del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este martes tomará posesión en la sede del Gobierno regional.

Fue, en última instancia, un revés judicial el que precipitó la decisión de acabar con un plan que incluía el paso a manos privadas de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 ( (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), afectaba a unos 5.000 trabajadores sanitarios y cambiaba la gestión de sus problemas de salud a 1,2 millones de madrileños. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordaba ayermantener la suspensión cautelar que pesa sobre el proceso desde septiembre. Horas después, González claudicaba definitivamente tras meses de incertidumbre... Y sin reconocer que era un nuevo fiasco al Ejecutivo madrileño tras el reciente de Eurovegas. “En absoluto es un fracaso”, negó González. “Este proceso ha abierto un debate que ha servido para concienciar a la sociedad, ha sido bueno para que trabajemos juntos para reducir gastos sin perder prestaciones”, llegó a argumentar.

A nadie se le escapa, sin embargo, que la inminencia de las elecciones europeas y regionales tiene que haber pesado a la hora de decidir seguir adelante con un proyecto político que le ha costado al Gobierno regional una huelga sanitaria como no se recordaba en años y manifestaciones con decenas de miles de ciudadanos protestando en las calles. Dentro del propio Partido Popular de Madrid se ha discutido, según fuentes internas, sobre si era conveniente volver a incendiar hospitales, centros de salud y a la ciudadanía en general perseverando en un proyecto que nunca ha tenido un solo apoyo fuera de los despachos del Gobierno de González. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se cuidó mucho de darle su bendición explícita en público, y otras comunidades del PP con proyectos parecidos pero de menor envergadura renunciaron hace meses.

Pese a la variable electoral, González ha explicado su decisión en términos estrictamente judiciales y, según dijo, de “incertidumbre”. “No parece razonable que llevemos casi ocho meses sin tener definida esa medida cautelar generando una incertidumbre y falta de seguridad que no podemos seguir manteniendo”, argumentó. El presidente, que compareció junto al ya exconsejero Lasquetty, ambos con semblante grave, aseguró que el modelo de privatización que pretendían ampliar a seis hospitales de gestión pública ya es efectivo en otros cuatro centros sanitarios.

Lasquetty declaró que se marcha por “rectitud y por sentido de la responsabilidad” al no haber podido llevar a cabo un proceso que volvió a defender como garantía de sostenibilidad económica. Dentro del PP cuestionan la estrategia “errónea” en la que cayó Lasquetty, exsecretario general de la Fundación Faes, elthink tank neoliberal próximo al PP, al “ideologizar” el proceso privatizador. González rechazó ayer que así fuera: “Nunca hemos planteado esta medida como una medida puramente ideológica”, afirmó, por más que la Comunidad de Madrid nunca ofreció cifras claras del ahorro que pretendía conseguir.

El plan privatizador está suspendido cautelarmente desde septiembre, cuando la sección tercera del TSJM ordenó paralizar el proceso hasta poder entrar en el fondo del asunto. En su auto, este juzgado apuntaba a posibles irregularidades en la adjudicación, como una modificación de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo, y a que los cambios en la gestión serían “irreversibles” si finalmente fallase contra el Gobierno regional. Un “inusual”, según fuentes jurídicas, movimiento dentro del TSJM dio un vuelco al proceso poco después. El entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Gerardo Martínez Tristán, decidió elevar todos los asuntos relacionados con la privatización (siete recursos presentados por diferentes colectivos) al pleno de la Sala, bajo su presidencia. Fue una jugada que los socialistas intentaron parar recusando a Martínez Tristán por sus vínculos con el PP —está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal, también exalto cargo de la Comunidad de Madrid y entonces estaba pendiente de los votos conservadores para entrar en el Consejo General del Poder Judicial—, pero que finalmente echaron atrás el medio centenar de magistrados del pleno, que acordaron devolver los asuntos a sus juzgados de origen. La sección tercera, como era previsible, no se ha contradicho a sí misma, y este lunes se ratificó en la suspensión cautelar.

Con el plan privatizador retirado, sin embargo, siguen quedando flecos y dudas por resolver. Los seis hospitales llegaron a adjudicarse en concurso público a tres empresas. No sin polémica, puesto que no hubo competencia real entre ellas —a cada una le interesaron centros distintos— y no rebajaron el precio inicialmente ofrecido por el Gobierno de González, cuestiones sobre las que alertó un informe de la Comisión Nacional de la Competencia en septiembre pasado. ¿Qué ocurrirá ahora con esas adjudicaciones? ¿Cómo se revertirán? ¿Pedirán algún tipo de compensación las empresas por los avales que suscribieron y con los que, presumiblemente, llevan perdiendo dinero todos estos meses? González no aclaró ninguna de estas cuestiones prácticas, pese a que se le preguntó por ello hasta tres veces. Tampoco las concesionarias quisieron, a llamadas de este diario, aclarar qué pasos darán.

A preguntas de los periodistas, González añadió que no se van a introducir más recortes en la sanidad madrileña como consecuencia de esta decisión de dejar sin efecto el proceso de privatización, aunque se "seguirán ajustando gastos". Tras la decisión de mantener en suspenso el procedimiento administrativo, la Justicia, ha recalcado el presidente regional, no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si es o no ajustado a la ley entregar a empresas privadas la gestión de centros sanitarios de titularidad pública.

Las cinco semanas de huelga indefinida de los médicos madrileños en protesta por el plan privatizador dejaron 50.000 consultas suspendidas y cerca de 6.500 operaciones aplazadas. La organización que lideró este paro, y que impulsó las sucesivas mareas blancas que llevaron la protesta al centro de la capital, fue la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Para malestar del PP, quienes encabezaron las protestas fueron médicos que reconocían formar parte de su electorado tradicional. Esos votantes, y las decisiones judiciales, han terminado por doblegar a la Comunidad de Madrid.

La privatización de seis hospitales públicos de la región fue el primer gran anuncio político de Ignacio González tras el abandono de Esperanza Aguirre de la presidencia madrileña. Ahora es también uno de sus más sonoros fracasos, lo que se añade al fiasco de Eurovegas, un proyecto con el que el Gobierno regional se comprometió de forma expresa y que se fue a pique a finales de año.

Lasquetty reconoce "dificultades" para encontrar anestesistas y radiólogos para las intervenciones de tarde

Lasquetty reconoce "dificultades" para encontrar anestesistas y radiólogos para las intervenciones de tarde

• Crece un 25% el presupuesto para la contratación de profesionales en esta jornada.

17-01-2014. Redacción Médica (Madrid).

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha manifestado que actualmente existen 75 quirófanos que realizan actividad ordinaria en jornada de tarde aunque ha agregado que su departamento está encontrando “verdaderas dificultades” para encontrar anestesistas y radiólogos para seguir aumentando esta cifra.

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación en rueda de prensa para realizar un balance de las diferentes mejoras asistenciales introducidas el año pasado en el Servicio Madrileño de Salud, en alusión a esta medida concreta que aplicó su departamento.

“En contra de lo que pueda parecer, desde hace varios meses estamos encontrando verdaderas dificultades para encontrar anestesistas y radiólogos para la jornada de tarde, trabajamos en ello”, ha apuntado el consejero para agregar que, si no se diera esa situación, habría más actividad quirúrgica por la tarde en la región.

Tras remarcar que sin estos profesionales no es posible la apertura de un quirófano, el consejero ha detallado no obstante que este año se ha incrementado en un 25 por ciento la partida presupuestaria para contratar facultativos y enfermeros en jornada de tarde.

El Hospital Clínic reanuda el traslado de pacientes y traumatólogos al Sagrat Cor

El Hospital Clínic reanuda el traslado de pacientes y traumatólogos al Sagrat Cor

• Los enfermos no podrán ser "coaccionados", aunque sí se les puede "intentar convencer" para ser derivados al centro privado, según un protocolo interno.

13-01-2014. El País.

Los médicos del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital Clínic han vuelto a operar a pacientes derivados de este centro público al privado Sagrat Cor, propiedad de IDC Salud. Empezaron a hacerlo el viernes pasado, tras más de un mes y medio de parón obligado por las protestas de los facultativos y por las incidencias surgidas en la organización del circuito de pacientes. La dirección del Clínic considera que los problemas asistenciales están solucionados y que el polémico proyecto, que forma parte de un plan del Departamento de Salud de privatizar actividad de baja complejidad y recortar 17,5 millones de euros, puede reiniciarse.

La reanudación del traslado de pacientes ha ido acompañada, como estaba previsto, por el envío de médicos del Clínic para que les operen en el centro privado. Esto a pesar de que la asamblea de facultativos del hospital había solicitado a la dirección la suspensión del plan hasta que esta no explique el proyecto que maneja para el Clínic para los próximos años. “La dirección se ha comprometido a mantener la calidad asistencial y a que no haya represalias contra los médicos que no quieran ir al Sagrat Cor”, explicó Rafael Molina, presidente del comité de delegados médicos. El director médico del Clínic, Josep Brugada, había comunicado a los facultativos que el hecho de negarse a ir a operar al Sagrat Cor sería considerado “falta grave”, según fuentes del hospital.

La dirección del servicio ha elaborado un protocolo para ordenar las derivaciones. Los médicos del Clínic de las secciones de traumatología y cadera operarán solo fracturas de cadera de personas mayores de 65 años. Serán los especialistas de guardia los encargados de evaluar qué pacientes pueden ser derivados al Sagrat Cor. A estos “no se les especificará” si el equipo que les atenderá pertenece a uno u otro hospital “para evitar confusiones”. Este protocolo hace especial hincapié en que los médicos nunca deben derivar pacientes “en contra de su voluntad”, aunque sí contempla que los especialistas del Clínic puedan “intentar convencerles”, pero “nunca coaccionarles”.

El protocolo también deja muy claro que los médicos deben “evitar cualquier tendenciosidad o dirección hacia otras alternativas, incluyendo la privada”. Tampoco podrán operar en el Sagrat Cor a pacientes privados o cuya asistencia corra a cargo de alguna mutua. Los pacientes operados en el Sagrat Cor “estarán bajo la responsabilidad” de este centro. Aunque en caso de complicaciones graves, este protocolo contempla que los mismos pacientes puedan volver al Clínic si se considera que allí pueden ser mejor tratados. En estos casos habrá que informar a los jefes de sección o de servicio del Clínic. Los residentes del Clínic también podrán ser enviados al Sagrat Cor.

El comité de delegados médicos convocará en breve una asamblea de facultativos para evaluar la marcha del proyecto, explicó Molina. Según el presidente del comité, “la actitud de la dirección médica ha cambiado” y los responsables del Clínic “han restablecido las negociaciones”. El traslado de pacientes de traumatología al Sagrat Cor forma parte de un plan para cerrar 16 de las 74 camas de este área médica para conseguir reducir el presupuesto del hospital ante la rebaja del 4,6% de las tarifas que el Departamento de Salud paga al hospital (14 millones de euros menos) y la pérdida de actividad equivalente al 1% de los ingresos anuales (3,5 millones).

El proyecto de enviar a los médicos de este servicio a operar al Sagrat Cor se encontró con grandes reticencias entre los facultativos, que exigieron que no se rompiese la continuidad asistencial y pusieron de manifiesto diversos problemas surgidos los primeros días de funcionamiento. Fuentes del hospital explicaron que estos problemas se han solucionado: tanto la ordenación del circuito de pacientes como las dudas que existían sobre el seguro de responsabilidad civil o la exigencia por parte de los médicos del Clínic de que se debía destinar a un médico del Sagrat Cor para garantizar la continuidad asistencial. Solo un aspecto queda por solucionar: la historia clínica seguirá de momento en papel, ya que el sistema informático para compartir las historias todavía no está listo.

El Sant Pau retrasa una intervención para atender a un paciente privado

El Sant Pau retrasa una intervención para atender a un paciente privado

• El hospital hizo esperar cuatro horas a un enfermo de la sanidad pública.
• El paciente requería una operación urgente.

6-12-2013. El País.

La puerta abierta el pasado marzo por el hospital de Sant Pau para operar en sus instalaciones a pacientes dispuestos a pagar se topó el pasado miércoles con el primer conflicto de intereses con la sanidad pública, que es la que financia al centro casi en su totalidad con más de 300 millones de euros anuales. Un enfermo que ingresó por el servicio de urgencias y que necesitaba ser intervenido “con carácter urgente” para no poner en riesgo su pierna tuvo que esperar cerca de cuatro horas para entrar en quirófano. La razón fue que el servicio de cirugía vascular no quiso desprogramar y dio prioridad a una intervención “no urgente ni vital” a un paciente privado, denunció ayer el comité de empresa del hospital.

Según explican los trabajadores, la intervención privada estaba prevista para las cuatro de la tarde y consistía en colocar al paciente una endoprótesis en la arteria aorta para tratar un aneurisma. Esta operación requiere un equipo radiológico en el quirófano, el mismo que precisaba el paciente de la sanidad pública. Este había llegado al Sant Pau a las 11 de la mañana con una complicación vascular y sangrado activo en una pierna a raíz de una isquemia.

El conflicto surgió porque el hospital solo disponía de un arco quirúrgico radiológico para atender las dos operaciones y “priorizó la autorización del arco a la intervención privada”, a pesar de que el paciente público tenía carácter urgente.

La presidenta del comité, Carme Pérez, aseguró que al paciente de pago se le operó a las cuatro de la tarde, tal y como estaba programado, mientras que el enfermo de la sanidad pública no pudo entrar en quirófano hasta “cerca de las siete y media de la tarde”, después de que el equipo médico necesario quedara libre.

Un portavoz del Sant Pau, por su parte, negó que el caso suponga un trato de favor a los pacientes privados. “Las urgencias son sagradas y se priorizan en cualquier caso y por encima de todo”, aseguró. El hospital alegó que al paciente que entró por urgencias hubo que hacerle “las pruebas preoperatorias y lleva un tiempo prepararlo para bajarlo a quirófano”.

Esta versión es desmentida por el comité de empresa, que señala que en el historial clínico consta que a las cuatro de la tarde el paciente ya estaba listo para bajar a quirófano: “A las dos y media de la tarde se le hizo un TAC, que confirmó la necesidad de intervenir con carácter urgente. A las tres, en una sesión clinica, el radiólogo vascular comentó el TAC con los cirujanos vasculares y uno de ellos abandonó la sesión antes de finalizar para prepararse para la operación. Solo faltaba hacerle una analítica rutinaria de coagulación y un electrocardiograma y a las cuatro de la tarde estaban hechas”, explica la presidenta del comité. “No empezaron con la intervención del paciente de la pública hasta que acabaron de utilizar el arco en la operación del paciente privado”, concluyó.

El comité de empresa denunció también que el paciente privado, tras pasar la noche en la unidad de reanimación (REA), “fue trasladado a una unidad convencional ocupando una cama en una habitación individual dentro de la dotación de camas públicas del hospital”. Sin embargo, aseguraron, “el paciente público permanece en REA pendiente de traslado” por falta de camas libres para ingresarlo en planta.

En este caso, el hospital alega que la cama donde fue ingresado el paciente que entró por la vía privada forma parte de la dotación que han cerrado debido a los recortes y a la falta de presupuesto. “Tenemos dos plantas enteras cerradas porque no hay dinero, así que las abrimos para la actividad privada”, explicó un portavoz del hospital.

El cierre de camas a causa de los recortes tiene un notable impacto en la actividad diaria del hospital de Sant Pau. El mismo miércoles, por ejemplo, “tuvieron que ser suspendidas cuatro operaciones porque no había camas libres para ingresar a los enfermos después de que salieran del quirófano”, denunció el comité de empresa.

Según los trabajadores, priorizar a los pacientes de pago por delante de los de la sanidad pública “vulnera flagrantemente los principios deontológicos, éticos y legales más elementales”. El comité de empresa también acusa a la dirección del hospital de incumplir su palabra ya que en marzo, cuando abrió la puerta a atender a pacientes de pago, aseguró que esta asistencia no interferiría con la asistencia pública.

El Sant Pau ha abierto la vía para atender a pacientes privados para lograr “nuevas fórmulas de financiación”, según explicó en marzo un portavoz del centro, sumido en una grave crisis financiera y que ha visto como los recortes del Departamento de Salud reducían su financiación pública desde los 329,5 millones en 2010 a 309,5 millones el año pasado.

El Gobierno Catalán crea el Registro de Profesionales Sanitarios

El Gobierno Catalán crea el Registro de Profesionales Sanitarios

30-11-2013. Anunciado en la web de ACTEDI.

El Gobierno ha aprobado hoy el Decreto para crear el Registro de profesionales sanitarios de Cataluña (RPS) y establece los requisitos mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios en el ámbito de Cataluña. Este Registro de profesionales sanitarios de Cataluña se constituye como un sistema de información integrado sobre los profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en Cataluña, por cuenta propia o de otros, en centros públicos y privados.

El Registro de Profesionales Sanitarios, en la medida que aglutina información actualizada de todos los profesionales sanitarios que despliegan su actividad en Cataluña, será una herramienta indispensable para la planificación y organización de los recursos sanitarios y tiene que favorecer la toma de decisiones eficaces y eficientes en políticas de salud, a la vez que facilita el diseño y la implementación de políticas orientadas al desarrollo profesional. El Registro también tiene que contribuir a la mejora de la gestión de los recursos sanitarios de Cataluña, mediante la explotación estadística de los datos que se compartirán con los agentes sanitarios participantes.

La información sobre los profesionales se obtendrá de los datos que comunique la administración sanitaria, los colegios y corporaciones profesionales, los centros sanitarios y las entidades de seguros que actúan en el ramo de la enfermedad en Cataluña. De este modo, no se generará ninguna carga sobre los profesionales. El medio de transmisión de los datos será por sincronización directa o remisión telemática con el objetivo de ofrecer una fotografía cuidadosa sobre las disponibilidades y situación de los profesionales sanitarios en Cataluña.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

• Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s'estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l'àmbit de Catalunya (PDF).

La presencia de los médicos en la dirección del nuevo Hospital Clínic será "minoritaria"

La presencia de los médicos en la dirección del nuevo Hospital Clínic será "minoritaria"

• Se constituirá un consorcio integrado por la Generalitat y la Universidad de Barcelona.

05-11-2013. Redacción Médica.

El Gobierno catalán prevé dotar de una nueva personalidad jurídica al Hospital Clínic de Barcelona en el que el conocimiento clínico del centro tendrá una presencia de “carácter minoritario” en el órganos de gobierno y dirección, según consta en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y financieras que el Ejecutivo catalán ha entregado este martes en el Parlamento.

El texto, que debe ser ratificado en el Parlamento, autoriza al Govern a iniciar el proceso que debe desembocar en la constitución de un nuevo consorcio integrado por la Generalitat y la Universidad de Barcelona (UB) y asegura, no obstante, que “hay que garantizar” que dicho conocimiento clínico tenga presencia en los órganos del nuevo centro.

El consorcio que gestione el Clínic realizará toda la actividad asistencial, docente y de investigación en salud propias del hospital, así como la gestión patrimonial de los inmuebles afectados por estas actividades.

El nuevo consorcio será igualmente responsable de todas las obligaciones relacionadas con los trabajadores del hospital actual, tanto laborales como tributarias y de seguridad social, precisa la ley de acompañamiento.

La reforma del Hospital Clínic hacía meses que planeaba sobre el centro, y se había valorado una fundación de autogestión dirigida por los mismos trabajadores, o que una fundación privada sin ánimo de lucro gestionara la actividad del hospital y otro consorcio independiente gestionara el patrimonio del centro.

El proyecto de dotar de una figura jurídica del Clínic es una tarea pendiente desde el traspaso del centro del Estado a la Generalitat a mediados de 2007, un hospital que emplea a unos 4.500 trabajadores y tiene un presupuesto aproximado de 425 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los más grandes de Catalunya.

El CHUS tiene pendientes más de 9.000 pruebas diagnósticas (Galicia)

El CHUS tiene pendientes más de 9.000 pruebas diagnósticas (Galicia)

• La mayor demore media, más de 5 meses, es para una ecografía vascular.

03-11-2013. La Voz de Galicia.

El Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) tiene pendientes de hacer 9.300 pruebas diagnósticas, señalan los últimos datos oficiales del Sergas. La mayoría, 6.774 pruebas (el 73 %) son de radiología: radiografías convencionales y de mama, ecografías, resonancias magnéticas o TAC (escáner). Estas cifras suponen una mejora respecto a hace un año. Entonces se indicaban 10.857 pruebas diagnósticas pendientes. Representaban el 16,3 % de la demanda pendiente de atender por parte del Sergas, que ahora se reduce al 12,97 %, siempre según los datos oficiales.

A pesar de la buena evolución, el tiempo de espera medio para una ecografía vascular en el CHUS son 157,8 días, más de cinco meses; 122,2 días para una radiología de mama; 122 para una endoscopia digestiva; 117 para una ecografía genitourinaria; 114,9 para una ecografía tiroidea; 90,3 para un intervencionismo por ecografía; o 82,2 para un estudio muscular de electromiografía.

El Sergas facilita datos de 28 pruebas diagnósticas del CHUS (para el conjunto de Galicia informa de 41, 13 más): 17 de radiología, 3 de medicina nuclear, 2 de endoscopias, 2 de electrofisiología y 4 de otros estudios. En 19, el tiempo medio de espera para ha descendido respecto a 2012, en 9 ha aumentado.

La mayoría, 3 meses o menos

El 56,8 % de la demanda pendiente espera ahora entre 0 y 3 meses y el 43,2 % restante más de un trimestre; hace un año era prácticamente a la inversa. La gerencia ve una mejoría, que atribuye a «un importante esforzo» del personal, y a la «correcta priorización dos doentes en espera dunha proba». Destaca las mejoras en resonancia magnética, TAC, eco abdominal, eco de mama y ginecológicas, y radiología convencional.

Los sindicatos han solicitado mayor contratación de personal para que algunos equipos funcionen más horas y agilizar su lista de espera. La CIG rechaza que una empresa privada decida donde se realizarán algunas pruebas de radiología, intervencionismo o medicina nuclear, como interpreta ocurrirá tras una convocatoria de este verano, semejante al modelo de Baleares y Madrid, que juzga peor.

Desde la sanidad privada se critica el elevado coste de algunas pruebas en el CHUS, muy superior al de centros privados.

Compromís pregunta al Consell si prevé privatizar las pruebas de rayos X en 2014 (Comunidad Valenciana)

Compromís pregunta al Consell si prevé privatizar las pruebas de rayos X en 2014 (Comunidad Valenciana)

• La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, ha registrado una pregunta parlamentaria en la que pide al Consell que explique si prevé privatizar la realización de pruebas radiológicas con rayos X.

02-11-2013. La Información.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, ha registrado una pregunta parlamentaria en la que pide al Consell que explique si prevé privatizar la realización de pruebas radiológicas con rayos X.

En un comunicado, Oltra ha recordado que el Ejecutivo valenciano apuntó a estas privatizaciones en la presentación de los Presupuestos de la Generalitat para 2014 "como medida para cuadrar sus cuentas", por lo que la diputada ha exigido saber si la radiología básica será privatizada.

La diputada ha puesto de manifiesto "las nefastas consecuencias para el erario público y para la atención a los ciudadanos que ha supuesto la privatización de la radiología avanzada, las resonancias magnéticas" y ha advertido de que "la privatización de servicios públicos es una ruina y sólo ha servido para beneficiar económicamente a unas empresas muy concretas del entorno del PP".

"Las privatizaciones, además de suponer un absoluto saqueo de los fondos públicos, merman gravemente la calidad asistencial", ha insistido Oltra, quien ha asegurado tener conocimiento de que "desde el PP ya se plantearon la privatización de las pruebas de rayos X en el año 2010 y trataron de comenzar por el Hospital General de Valencia", por lo que no le "extrañaría" que ahora "lo vuelvan a intentar e incluyan estas pruebas radiológicas dentro de las privatizaciones que van a acometer en 2014".

Para la diputada, una vez "ya tienen privatizada la radiología avanzada, y por las fusiones de empresas que ha habido en el sector en los últimos meses", será la mayor adjudicataria del Consell en resonancias magnéticas, Eresa, "nuevamente la beneficiaria".

Empresa "amiga" del PP

"Que Eresa se haya fusionado con empresas con experiencia en rayos X es un signo claro de que el gobierno valenciano ya ha tomado la decisión de privatizar el servicio de radiología básica y ha tomado la decisión de quién debe ser la adjudicataria, que es la empresa que ha sido beneficiada en los últimos años y que, además, está incumpliendo los pliegos de condiciones sin que nadie los obligue a cumplir con aquello a lo que están obligados", ha defendido.

En su opinión, se trata de "una maniobra más en el saqueo de las arcas públicas para favorecer a una empresa amiga del PP bajando el nivel asistencial que los valencianos nos merecemos". "Exigimos un Gobierno que favorezca a los ciudadanos y a los pacientes", ha concluido.

El Hospital General de Elche tarda cinco meses en hacer las ecografías que solicitan los centros de salud

El Hospital General de Elche tarda cinco meses en hacer las ecografías que solicitan los centros de salud

• El Departamento sanitario tiene la agenda llena para estas pruebas diagnósticas hasta marzo de 2014.
• El centro defiende que, si son urgentes, se realizan en 15 días.
• En Radiología dos sanitarios están de baja y otro recién jubilado.

29-10-2013. Diario Información.

Someterse a una ecografía para detectar una enfermedad o hacer seguimiento a una patología supone esperar cinco meses para los pacientes de Atención Primaria del Departamento 20 Hospital General de Elche, al que están adscritas más de 150.000 cartillas sanitarias. El plazo está por encima de los estándares de calidad que cada año mide la Conselleria de Sanidad y seguirá creciendo si no se plantea una solución, dado que se están solicitando más ecografías de las que se realizan y poco a poco la demora va aumentando.

La población de buena parte de Elche y de Santa Pola (que depende de este Departamento) se encuentra con que, cuando su médico solicita que se realice una de estas pruebas, la cita más pronta que se ofrece es para marzo de 2014. Así le ocurrió ayer a un hombre (que prefiere no hacer público su nombre) cuando acudió al mostrador de su centro de salud con el volante que le entregó su médico de cabecea para pedir cita para una ecografía de seguimiento de su operación de tiroides. Según contaba nada más abandonar el Centro de Salud de San Fermín, su médico le ha recomendado que se realice la prueba cada seis meses y ahora tendrá que esperar cinco más de lo idóneo, algo que considera desproporcionado.

Desde el centro hospitalario reconocieron ayer que las ecografías solicitadas por vía «ordinaria» se están citando actualmente para marzo, aunque también señalaron que si el médico las tramita por vía «preferente» se realizan en un máximo de 15 días, y que ningún paciente que la necesite con urgencia está siendo atendido más allá de ese plazo de dos semanas.

Sin embargo, en el caso de las ecografías ordinarias, como sería la de este paciente, la demora sí existe. Y es que, según fuentes sanitarias, en la unidad que se encarga de Radiología se está trabajando con dos personas menos (porque hay dos sanitarios de baja temporal) y con otra recién jubilada (para cuyo caso se está ultimando la sustitución). Esa falta de personal se une a la circunstancia de que el ecógrafo que Departamento 20 destina a Atención Primaria (de los tres que tiene) se comparte con otras necesidades del Hospital.

Las ecografías urgentes se están realizando por las tardes, de modo que a medida que se van recibiendo casos «preferentes» se van atendiendo fuera del horario habitual. No hay, sin embargo, instrucciones hasta la fecha de que en ese horario especial se aproveche para hacer más ecografías «ordinarias» con la intención de ir poniendo al día las agendas (ese sistema, el de ampliar el horario de forma puntual durante una temporada, sí que se utiliza en otro tipo de pruebas y también en operaciones quirúrgicas cuando se considera que las esperas se están acumulando demasiado, aunque para ello hay que reforzar o compensar al personal).

«Calamitoso»

El paciente de San Fermín mencionado explicó ayer que en el mostrador le preguntaron por qué no había pedido cita para su ecografía hace seis meses, cuando se realizó la anterior, pero señaló que él ha actuado según las instrucciones del personal sanitario, que le instó a volver medio año después. En todo caso, también opinó que cada paciente no tiene por qué estar al tanto de los retrasos y de las listas de espera, de modo que él contaba con tener que esperar unas semanas, quizás algo más de un mes, pero no cinco: «Estas listas de espera son de escándalo, cinco meses para hacerse una prueba es calamitoso», opinó.

Añade que en el mostrador le informaron de que el retraso se debe a que se ha retirado el ecógrafo de San Fermín por recortes, algo que negaron rotundamente desde Sanidad, concretando que desde la apertura del centro de especialidades frente al Hospital (en 2011) todos los especialistas y pruebas se enviaron al edificio nuevo, a excepción de las placas más simples de Rayos, y que desde entonces en San Fermín no se han realizado ecografías.

Miles de personas rechazan el cierre del servicio de radiología

Miles de personas rechazan el cierre del servicio de radiología

• Una manifestación congregó a vecinos y numerosos colectivos.

29-10-2013. El Periódico de Aragón.

Unas 4.000 personas clamaron el pasado 17 de octubre contra la supresión del servicio de radiología en el ambulatorio Pablo Remacha, en San José, en una manifestación que partió de la plaza Reina Sofía y en la que participaron numerosos colectivos. Así, las asociaciones de barrios de San José, Las Fuentes, Torrero, La Paz, La Cartuja y Valdespartera, la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), los Consejos de Salud de los centros de Las Fuentes Norte, Torreramona y Delicias Norte, PSOE, CHA, IU, Partido Comunista de Aragón, CGT, CCOO, UGT y otros colectivos como AMAC-GEMA, Marea Blanca o la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, mostraron su adhesión a una movilización que mantuvo su rechazo al "desmantelamiento" del centro ubicado en San José.

La manifestación, encabezada por una pancarta con los lemas No al cierre del Pablo Remacha y Por la sanidad pública en los barrios, y portada por vecinos del barrio, culminó con la lectura de un manifiesto dirigido a la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, y al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que afirmaba que "si nos arrebatan un sistema de prevención que salva vidas como el mamógrafo, están condenando a muchas mujeres, ayudando a envejecer y desestabilizar el barrio y atentando contra una pata del sistema público de salud".

En este sentido, los manifestantes defendieron que "detección y prevención para mujeres entre los 50 y los 70 años pasan por la asistencia primaria y los centros de especialidad en los distritos". Así, la supresión del mamógrafo -afirmaron- "pone en peligro esos conceptos tan básicos devolviéndonos a situaciones superadas hace 30 años". Durante esos días, los colectivos decidieron seguir haciendo turnos de vigilancia en el centro para evitar el traslado del mamógrafo.

Clínica del Pilar entra en concurso y acuerda su venta a Capio

Clínica del Pilar entra en concurso y acuerda su venta a Capio

• El grupo sanitario mantendrá la plantilla y la actividad asistencial.
• Capio invertirá un mínimo de ocho millones y convertirá El Pilar en su cuarto centro catalán.

24-10-2013. La Vanguardia.

La Clínica del Pilar-Sant Jordi de Barcelona ha presentando solicitud de concurso voluntario de acreedores en el juzgado mercantil 10 de Barcelona que dirige el juez Juan Manuel de Castro, con una deuda cercana a los 50 millones de euros. Junto con el concurso, la clínica, propiedad del grupo Tres Torres (que controla un 30% de las acciones) y de un grupo de médicos del propio centro, ha presentado una propuesta de compra de la unidad productiva realizada por el grupo hospitalario Capio, propietario ya en Catalunya del Hospital del Sagrat Cor, el General de Catalunya y la Clínica del Vallès. Fuentes jurídicas explicaron que los mayores acreedores de la Clínica del Pilar son Banc Sabadell y el Institut Català de Finances, con un crédito de cerca de 40 millones de euros que está sin embargo garantizado con una hipoteca sobre el inmueble de la calle Balmes que alberga la clínica. El resto de la deuda, de unos 10 millones de euros, se mantiene con proveedores.

Fuentes cercanas a la clínica explicaron que el grupo lleva meses negociando la entrada de un inversor y que finalmente han optado por Capio (ahora llamada IDC Salud) porque su oferta incluye mantener el 90% de la plantilla (que se ha reducido en los últimos años y ahora es de unos 400 trabajadores), garantizar la calidad asistencial y realizar fuertes inversiones en la modernización y ampliación de la clínica, que sus dificultades financieras ha obligado a posponer en los últimos años: la inversión mínima inicial en las instalaciones será de 8 millones de euros, aunque a medio plazo esta cifra podría incluso superar los 30 millones.

La Clínica del Pilar-Sant Jordi presentó hace dos años la comunicación de insolvencia o preconcurso de acreedores, aunque finalmente no entró en concurso al lograr un acuerdo con la banca para aplazar el pago de los intereses de la deuda hipotecaria. La entidad aplicó además un plan de viabilidad, que permitió reducir las pérdidas anuales de 7 a 3 millones de euros y volver a poner a la entidad en beneficio operativo, pero ha considerado que la necesidad de acometer grandes inversiones para ser más competitiva en el actual entorno de la sanidad privada de Barcelona y la fuerte carga financiera que supone la deuda acumulada le impedían su continuidad. La clínica, gobernada ahora por un consejo de administración formado por Alberto Martínez Bigas, el doctor Joan Sala Sanjaume y la propia Clínica Tres Torres, decidió este verano apartar de la gestión a la consultora Gesaworld, que había diseñado y empezaba a aplicar el plan de viabilidad, para centrarse en la venta de la clínica.

La Clínica del Pilar facturó el año pasado 31 millones de euros. un 8% menos que en 2011, afectado por la guerra de precios que vive el sector de la sanidad privada.

IDC Salud-Capio, por su parte, con la oferta vinculante que ha presentado por la Clínica del Pilar reafirma su apuesta por Catalunya, que hace dos años compró el Hospital Sagrat Cor y el del Vallès a L'Aliança y este verano intentó comprar también parte de las sociedades de radiodiagnóstico de CRC en el concurso de acreedores. El grupo gestiona 27 centros sanitarios y 1.600 camas en toda España.

50 jueces decidirán si se reactiva la privatización sanitaria en Madrid

50 jueces decidirán si se reactiva la privatización sanitaria en Madrid

• El PSOE recusará al magistrado que presidirá el pleno por su relación con el PP.
• Martínez Tristán aspira a formar parte del Consejo del Poder Judicial.

17-10-2013. El País.

Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el éxito o el fracaso del mayor proceso de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España. La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judicial a la espera de que haya sentencia firme. Lo que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia.

La decisión, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto —tienen solo uno, incluido el presidente— determinarán si se reactiva el proceso de privatización. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro.

El PSOE anunció ayer que va a recusar a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación recordó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también es, según subrayó ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deberá elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”.

La sección tercera, en su auto de septiembre pasado, ordenó la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales. Explicitó que se debía mantener la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia, lo que podía suponer entre año y medio y dos años. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicación. Estimaba así el recurso de la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, que había denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambió las condiciones del concurso y redujo a casi una décima parte la garantía que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La sección tercera afirmó en el auto que el cambio “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.

La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”.

Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jurídicos consultados por este diario se han mostrado extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias.

Miguel Ángel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar “sorprendido” porque se haya tomado la medida ahora, “justo cuando la sección tercera tenía que resolver los recursos de reposición que habían presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias”, y no al principio de los procesos judiciales. “No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados”, añadió. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, “estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la sección correspondiente, o debería tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los demás hasta que se dicte sentencia”.

El acuerdo de Martínez Tristán se adopta en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia”.

“Lo lógico sería que, por apariencia de conflicto de interés, o por conflicto de interés potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que también, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales”, señaló el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. “La Justicia no puede estar al servicio de un partido político”, afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente imprescindible” la decisión de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrileño, Ignacio González, afirmó en la Asamblea de Madrid que la medida es “razonable”, que espera que “se resuelva todo de una vez” y señaló que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación”, ya que es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”, informa EP.

El gobierno catalán no privatizará la gestión del Hospital Clínic

El gobierno catalán no privatizará la gestión del Hospital Clínic

• El centro será un consorcio público de la Generalitat y la Universidad de Barcelona.

19-10-2013. El País.

El Gobierno catalán ha dado marcha atrás en una de las medidas de más calado de la legislatura en el campo sanitario: la privatización de la gestión del hospital Clínic, centro de referencia internacional por su actividad médica y científica. El hospital se constituirá como un “consorcio integrado por la Generalitat y la Universidad de Barcelona” y contará en sus órganos de gobierno y de dirección con la “presencia del conocimiento clínico del hospital”. La ley de compañamiento de los Presupuestos confirma un cambio de rumbo que ya había marcado una resolución aprobada en el Parlament a finales de septiembre tras el acuerdo entre CIU, ERC y PSC.

La reforma del hospital estaba pendiente desde 2008, cuando el Estado traspasó el centro a la Generalitat, que debía dotarlo de personalidad jurídica. La dirección del Clínic, con el beneplácito de la Generalitat, había dibujado un modelo similar al del hospital de Sant Pau: una institución con dos fundaciones, la que controla el patrimonio y la dedicada a la gestión. El proyecto contemplaba ceder a un grupo de médicos un papel principal en la gestión del hospital a cambio de que estos, junto con mecenas y otros participantes por definir, aportasen un capital inicial para la fundación de hasta 15 millones de euros.

La Generalitat, principal financiadora de un hospital que el año pasado contó con un presupuesto de 441 millones de euros, se apartaba voluntariamente de la gestión de la institución y solo seguía en la fundación patrimonial.

La incertidumbre sobre el futuro del hospital se ha prolongado durante meses, en parte porque el gobierno quería introducir la reforma en la ley de acompañamiento de los Presupuestos. Por el camino han surgido dudas y críticas por distintas razones, entre ellas el dudoso encaje legal del proyecto.

Pero no ha sido hasta que los partidos de la oposición —sobre todo ERC— se han posicionado en contra que el gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás y volver a un plan muy similar al engendrado durante el gobierno tripartito, que ya preveía hacer del Clínic un consorcio público, aunque en este caso con presencia también del Estado y del ayuntamiento de Barcelona. El Clínic sufrirá este año un tijeretazo de 17,5 millones por orden del Departamento de Salud.

El ICS ha reducido su plantilla en más de 5.000 trabajadores desde 2010

El ICS ha reducido su plantilla en más de 5.000 trabajadores desde 2010

• Los recortes para 2013 son los más duros desde el inicio del tijeretazo sanitario.

13-10-2013. El País.

Los duros recortes aplicados por la Generalitat al Instituto Catalán de la Salud (ICS) —de hasta el 20% en la red de atención primaria en los últimos tres años— han tenido gran impacto sobre los trabajadores. La mayor empresa pública de Cataluña, encargada de la gestión de ocho grandes hospitales y 288 ambulatorios, ha sufrido un tijeretazo en la plantilla de más de 5.000 personas entre junio de 2010 y el mismo mes de 2013. Solo este año, el tercero de la oleada de recortes impuesta por el Departamento de Salud, el ICS ha perdido 1.537 empleos (el 4% del total) en cifras del mes de agosto.

El ICS tenía cerca de 41.300 trabajadores a finales del primer semestre de 2010, según los datos de la dirección en el último consejo de administración, a los que ha accedido EL PAÍS. En junio pasado, la plantilla era de 36.000 personas, lo que supone una pérdida de 5.300 trabajadores. La evolución de la plantilla se mostró en forma de gráfico de líneas, por lo que muchos datos figuran en un rango y no con la cifra exacta, aunque sí muy aproximada. Los datos, confirmados por la gerencia del ICS, se muestran en forma de "plantilla equivalente", es decir, la plantilla expresada en número de trabajadores a jornada completa.

El recorte de plantilla en el ICS, que comenzó en 2010 con el Gobierno tripartito, se vio agravado en 2011 con el comienzo de la oleada de recortes y ha continuado. La empresa pública contaba en agosto pasado con 361 médicos, 637 trabajadores sanitarios no facultativos y 539 empleados no asistenciales menos que en el mismo mes de 2012. La plantilla —sin contar los residentes— se ha reducido el 4% en un año, 1.537 empleados. Si se cuentan los residentes, que son personal en formación, la reducción es del 3,7%.

Las cifras son consistentes con la persistente bajada del presupuesto de la empresa pública: los recortes previstos para 2013 son los más duros desde el inicio del tijeretazo sanitario. El ICS perderá este año 168 millones de euros, lo que supone una reducción del presupuesto del 6,33% respecto a 2012. En los dos años anteriores, el tijeretazo ya había sido del 4%.

El ICS gestiona ocho hospitales: Vall d'Hebron y Bellvitge, en Barcelona; Can Ruti, en Badalona; Viladecans; Josep Trueta, en Girona; Arnau de Vilanova, en Lleida; Joan XXIII, en Tarragona, y Verge de la Cinta, en Tortosa, y la mayoría de la red primaria.

Josep Vendrell, diputado de ICV, califica las cifras de “escandalosas”. “Ponen en evidencia que los recortes se han cebado con los trabajadores, obligados a trabajar más por menos dinero”, afirma.

Joaquim Casanovas, gerente del ICS, niega este extremo y afirmó que la empresa ha hecho un esfuerzo por reducir el impacto de los recortes sobre sus empleados, ahorrando en aspectos como el gasto en suministros. Además, se ha intentado que el descenso de la plantilla tenga el “menor efecto posible” sobre la actividad, según Casanovas. A pesar de la coyuntura desfavorable, el ICS ha aumentado algunos tipos de actividad (como la cirugía mayor ambulatoria) en los últimos años, recuerda el gerente. El impacto sobre la plantilla se ha notado, sobre todo, en la disminución del personal contratado para suplencias. También ha tenido un efecto el incremento de la jornada laboral del personal fijo y la decisión de no cubrir jubilaciones. El recorte “no se ha hecho con despidos”, sostiene Casanovas.

Para Marina Geli, diputada socialista, estas cifras son el resultado de tres años de recortes. “Hay menos actividad, menos trabajadores y los empleados cobran menos”, asegura Geli, que recuerda que el Parlament aprobó “mantener la titularidad pública del ICS para contrarrestar el plan que manejaba Salud y que preveía trocearlo en 20 sociedades que iban a abrirse al capital privado.

El personal del Sant Pau alerta de que se han atravesado "las líneas rojas" en la asistencia a los pacientes

El personal del Sant Pau alerta de que se han atravesado "las líneas rojas" en la asistencia a los pacientes

• El comité de empresa del hospital denuncia la creciente escasez de personal.

11-10-2013. El Periódico.

El comité de empresa del Hospital de Sant Pau, de Barcelona, que representa al 95% de los trabajadores, ha dirigido una carta a presidente de la junta del patronato que preside el centro, Enric Argelaguès, y al gerente en funciones, Albert Salazar, en la que instan a que se contrate personal sanitarios que cubra las bajas laborales o por vacaciones.

El comité denuncia que la escasez de personal en salas de hospitalización y servicios "ha atravesado todas las líneas rojas", y que la falta de personal está afectando a la asistencia que reciben los pacientes.

CCOO pide por escrito el contrato con la empresa del camión de Radiología

CCOO pide por escrito el contrato con la empresa del camión de Radiología

• CCOO ha solicitado por escrito al director gerente del hospital de Alcázar una copia del contrato suscrito con la empresa que realiza las pruebas diagnosticas de resonancia magnética y escáner en un camión aparcado a las puertas del hospital.

3-10-2013. CLM24 / La Cerca.

CCOO ha solicitado por escrito al director gerente del hospital de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) una copia del contrato suscrito con la empresa que realiza las pruebas diagnosticas de resonancia magnética y escáner en un camión aparcado a las puertas del hospital.

En un comunicado, este sindicato reclama también el pliego de condiciones para la adjudicación de este servicio a la empresa en cuestión, así como "documentación de la comisión de seguimiento u otro órgano análogo, si lo hubiera, que acredite la calidad del servicio que presta y si cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

El hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan dispone de dos escáneres y de tres ecógrafos que sólo se utilizan por las mañanas -y no todas- porque el centro mantiene vacantes dos plazas de técnicos: una que en su día estuvo ocupada por una mujer que pidió el traslado a otro centro, y otra de un técnico que promocionó a enfermero del propio hospital alcazareño, según informó CCOO en un comunicado.

"En vez de cubrir estas dos plazas para poder rentabilizar los escáneres y ecógrafos públicos, el SESCAM ha contratado a la empresa Alliance Medical para realizar las pruebas diagnósticas en un camión aparcado a las puertas del hospital".

Según el gerente del hospital, al SESCAM le resulta más económico pagar a la empresa que cubrir las dos vacantes mencionadas, pero, "jamás ha facilitado información al respecto".

CCOO destacó que el salario de un técnico en radiología ronda los 1.200 euros mensuales, pero no se sabe cuánto cobra Alliance Medical por sus servicios.

El gerente aduce -agregó el sindicato- que el Plan de Choque del SESCAM para reducir listas de espera contempla "una aportación económica" para 'externalizar' las pruebas diagnósticas, que son "de la misma calidad" que las que se realizan en el hospital y no implican incremento de costes.

CCOO, sin embargo, cuestionó ambas afirmaciones: por un lado, no puede ser más barato pagar a dos empresas privadas (hay otra empresa donde también se hacen ecografías en Alcázar contratada por la Junta) que cubrir dos plazas vacantes.

Además, aducen que les constan "quejas" de los facultativos del Hospital Mancha Centro porque las pruebas aportadas por Alliance Medical son "insuficientes" para fundamentar un diagnóstico.

El Clínic abandona el proyecto de una fundación regida por sus médicos

El Clínic abandona el proyecto de una fundación regida por sus médicos

• El Parlament insta a crear un consorcio Generalitat-Universitat.
• La opción defendida por la cúpula médica es una gestión privada: la elegida, de gestión pública.

02-10-2013. La Vanguardia.

La sombra de la privatización, el miedo a que alguna decisión pueda ser interpretada como tal, planea sobre la última resolución del Parlament instando al Govern a que defina el hospital Clínic como “un ente público de la Generalitat de Catalunya y la Universitat de Barcelona”. Adiós al proyecto de fundación gestora llevada por los propios médicos, separada de la fundación patrimonial que dejaría en manos de la Generalitat y de la Universitat de Barcelona el edificio, los terrenos “y las deudas”, en palabras de Josep Vendrell, de Iniciativa (ICV), uno de los parlamentarios que secundaron la resolución, aprobada además por CiU, ERC y PSC.

El Clínic llevaba años madurando su salto a la primera división mundial. Los líderes del proyecto eran algunos de los médicos más señalados del centro del Eixample Esquerra y su director general, Josep Maria Piqué. Creían que si el hospital y la excelencia que se había ido desarrollando en los últimos años se colocaban en un formato ágil empresarialmente, podrían dar ese paso y crear alianzas con organismos internacionales que podrían ser muy beneficiosas en cuanto a innovación y desarrollo médico, así como económicamente. Para ello tenían que convencer sobre todo a los profesionales, médicos y también enfermería, de que podían ser socios de la fundación. Poner dinero. Ese ha sido un obstáculo importante. El otro, según opinan personas que participaron en el proyecto, el que no había manera de convencer a los casi 5.000 empleados y a algunas fuerzas políticas de que esa operación no era una privatización.

El desarrollo jurídico parecía tener el beneplácito del gobierno de CiU. Menos del socio ERC. Debía aprobarse en la ley de acompañamiento a los presupuestos. Pero no hubo presupuestos este año. Y ahora que ya asomaban los del año que viene, las partes implicadas tenían que trabajar en esa definición. Pero durante el verano desde la Generalitat se empezó a hablar de una modalidad menos rupturista: el clásico consorcio entre diferentes administraciones públicas, donde está claro que manda la Generalitat y que cada euro será sometido a la estricta vigilancia administrativa. Y sin sombra de sospecha sobre una privatización.

La única concesión al modelo de fundación que defendían los grandes nombres del hospital es que la resolución parlamentaria indica que el ente público que se ha de definir debe garantizar “la presencia del conocimiento clínico –los profesionales– en los órganos de gobierno y dirección del hospital”. Lo que ya viene ocurriendo desde hace mucho en el Clínic. “Quizá esa sea una vía para conseguir más adelante los objetivos que nos propusimos”, dice uno de los implicados en el proyecto abortado.

En la plantilla se respira cierto alivio. Están preocupados y enfadados con que les vayan a recortar media paga de Navidad a pesar de haberse recortado en los dos últimos años, de haber cumplido presupuestos, de haber sido “ejemplares”. Las medidas adoptadas en septiembre para aplicar un recorte de casi el 6% de su presupuesto por mandato de Salut suponen además el cierre de un 9% de camas, parte de la actividad quirúrgica, la movilización de los equipos de enfermería de esas salas y, lo más polémico, la derivación al hospital del Sagrat Cor, gestionado por la empresa privada IDC Salud (antiguo Capio), de las fracturas de fémur de los ancianos. Esa derivación incluye un acuerdo para que los mismos traumatólogos del Clínic hagan esas operaciones en Sagrat Cor, a lo que el comité de empresa se niega, aunque desde el Servei Català de la Salut se insista en que esas alianzas no son una privatización.

El servicio de radiodiagnóstico se suprimirá en octubre

El servicio de radiodiagnóstico se suprimirá en octubre

• La Administración confirma el traslado del aparataje y de seis profesionales al Hospital Miguel Servet.

24-09-2013. El Periódico de Aragón.

El ambulatorio de San José perderá la práctica totalidad de su servicio de radiodiagnóstico en los próximos días para desplazar el aparataje y los profesionales al hospital Miguel Servet, al que deberán dirigirse, a partir de mediados de octubre, los usuarios. La decisión está tomada y así se lo ha transmitido ya la subdirección médica del Servet a los seis radiólogos del centro.

Solo uno un técnico en radiodiagnóstico permanecerá en el centro de especialidades, donde tan solo podrán llevarse a cabo a partir de ahora pruebas de radiología simple como placas de huesos, tórax o abdomen. Contrastes digestivos o urológicos y ecografías pasarán al Servet. "Estamos hablando de pruebas específicas que ya se derivaban al Servet y, de hecho, en algunos casos se hacían directamente en el hospital, justificaron fuentes del Departamento de Sanidad, que aseguraron que la medida no supone un recorte. "El ahorro es cero euros".

Pero la decisión se entiende como un "desmantelamiento" por parte de los usuarios, que han comenzado una recogida de firmas en contra de la supresión de consultas y que exigían el mantenimiento del servicio de radiología en el ambulatorio.

Sin Vuelta Atrás

Pero no habrá vuelta atrás de la Administración, que había condicionado la supresión del servicio en el ambulatorio a las conclusiones obtenidas de un estudio. Ahora, una vez concluido el informe, la decisión, como se preveía, es firme y radiodiagnóstico irá al hospital Miguel Servet.

"Estamos hablando de un mamógrafo y un ecógrafo para realizar unas pruebas que en el centro no se podían hacer porque requerían de especialización y acababan por darse en el Servet, así que el paciente hacía dos viajes -uno al centro y otro al hospital- y ahora se hará uno solo, pero se mantiene la estructura y los profesionales, así como los aparatos, solo que se trasladan al hospital, así que no se puede hablar ni de recortes ni de despidos", añadieron desde el Salud, que insistió en que la reorganización parte "de los coordinadores" para "mejorar el servicio".

Profesionales y usuarios admiten su incertidumbre. Los especialistas desplazados no conocen todavía cuáles serán sus funciones, aunque alguno podría cubrir huecos dejados por los médicos jubilados anticipadamente. Mientras, los vecinos protestan contra la obligación de desplazarse al Miguel Servet para realizar pruebas con informe.

Recogida de Firmas

Hace unos días, los vecinos comenzaron a movilizarse en contra del cierre de consultas en el ambulatorio. Una recogida de firmas llevada a cabo para, asimismo, exigir que se mantenga el servicio de Radiología, y recriminar cualquier decisión que obligue a los usuarios a desplazarse a otros centros sanitarios para recibir esa atención.

También el sindicato UGT alertó del posible "desmantelamiento" en el ambulatorio de San José y exigió la convocatoria de la Mesa Sectorial de Sanidad y el Consejo de Salud de Aragón "ante la continua avalancha de recortes en la sanidad aragonesa en los dos últimos meses".

El colectivo también solicitó una reunión urgente con la Gerente del Salud, María Ángeles Alcutén, para exigir "responsabilidades" por las medidas adoptadas en el sector II, entre ellas la centralización del servicio de atención de Salud Mental.

11 Plazas Menos

UGT aseguró que el "desmantelamiento" del servicio de Radiodiagnóstico del centro de especialidades de San José supondría la "eliminación" de once plazas de personal, entre Enfermería, técnicos de Rayos y auxiliares "y con el agravante que supone a los pacientes de barrios de Las Fuentes o San José desplazarse al hospital Miguel Servet para hacerse las pruebas de ecografías y mamografías", indicaron desde el sindicato, que, además, denunció la "eliminación de las consultas de tarde tanto de Dermatología como en Traumatología, cuyas especialidades tienen una larga lista de espera".

Sin embargo, fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón negaron cualquier supresión en este sentido. "No se ha tocado ninguna consulta ni está previsto hacerlo y, actualmente, están las mismas de siempre con el mismo horario", subrayaron fuentes de la Administración.

UGT, en cambio, insistió en las consecuencias que las medidas podrían tener en este entorno. "La población en los barrios de este sector, como San José, Las Fuentes o La Magdalena, está muy envejecida y no se le puede castigar con estos recortes tan brutales", apuntaron desde el sindicato, que recordó que "durante el mes de agosto, se han suprimido ocho plazas de enfermería de enlace y que realizaban la función de coordinar asistencialmente la Atención Primaria con la Especializada, un servicio que nació para ir creciendo debido a la descoordinación entre estos niveles sanitarios".

El comité rechaza el plan de recortes del Clínic

El comité rechaza el plan de recortes del Clínic

• La Generalitat quiere recortar 17,5 millones, cerrar 74 camas y derivar parte de la actividad a otro centro.

21-09-2013. El País.

El comité de empresa del hospital Clínic manifestó ayer su “radical desacuerdo” con el plan de adelgazamiento impuesto por el Departamento de Salud de la Generalitat al centro, que contempla recortar 17,5 millones de aquí a finales de año, el cierre de 74 camas y la derivación de actividad al hospital Sagrat Cor, controlado por IDC Salud.

Los trabajadores expresaron su “firme defensa” del sistema público de salud y reiteraron que el Clínic debe ser de titularidad pública en los ámbitos orgánico, administrativo y de gestión. El comité de empresa del Clínic ha pedido reunirse con la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y con todos los partidos políticos.

El Clínic quiere enviar, al menos, a cuatro traumatólogos a trabajar al centro privado a partir del día 1 de octubre para que realicen parte de las operaciones que se derivarán de uno a otro centro. El PSC ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Parlament del consejero de Salud, Boi Ruiz, y del director del CatSalut, Josep Maria Padronsa, para que expliquen el plan.