Sant Pau pide ser intervenido

Sant Pau pide ser intervenido

• La dirección solicita a Justicia que avale cada decisión del centro.
• Un alud de demandas convierten el hospital en "inviable e ingobernable".
• Una posible sanción de la Seguridad Social llevaría al centro a la insolvencia.

10-04-2013. La Vanguardia.

El hospital de Sant Pau se pone en manos de Justícia. El presidente de la fundación gestora del hospital, Xavier Pomés, comunicó el lunes al Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia -el organismo del que dependen todas las fundaciones, como la del hospital de Sant Pau- su solicitud de que a partir de ahora actúen jurídicamente en el centro sanitario. De forma temporal, pero sin fecha final.

Así lo comunicó el doctor Pomés a los 200 cargos del hospital ayer por la tarde. Esa decisión supone entregar la autonomía de gestión. A partir de este momento, cada decisión que se tome en el hospital deberá estar avalada y fiscalizada por el protectorado, así como por la dirección general de Dret i d'Entitats Jurídiques. Esta intervención va mucho más allá de la vigilancia económica que decidió hacer el Departament de Salut hace un año ante el incumplimiento de los presupuestos del centro. La petición a Justícia ha sido discutida previamente con los departamentos de Salut y Economia i Finances, así como con secretaría de Presidència.

Los motivos de esta intervención temporal del hospital -propiedad de la Generalitat, del arzobispado de Barcelona y del Ayuntamiento, pero regido por otra fundación de gestión dirigida por un patronato en el que hay mayoría de la Generalitat- residen en parte en ese galimatías de definición de la entidad. Ese ha sido el caballo de batalla de los empleados y el desencadenante de la parálisis actual. Según anunció Pomés a los doscientos mandos, el hospital está a punto de la más absoluta inviabilidad económica y resulta imposible de gobernar.

La inviabilidad económica actual tiene su último episodio -como gota que colma el vaso, no como causa principal- en una posible reclamación por parte de la inspección de trabajo de once millones de euros. Esa amenaza de sanción se basa en que las horas de guardia de los profesionales pueden ser consideradas como horas extra, lo que exige una cotización en la Seguridad Social diferente a las horas ordinarias (aunque no supone diferencia en el salario de quienes las realizan). "Esa sanción se llevaría por delante todo el esfuerzo económico del 2012 para reducir el déficit de 19 millones de euros anuales", señalan fuentes del hospital.

Como volver a la casilla de salida de un agujero económico que casi alcanza los 50 millones de euros. Las actuaciones de la nueva gerencia del centro (Xavier Corbella es gerente desde mayo pasado tras varios meses sin dirección por el cese del anterior gerente, Jordi Varela) han frenado el déficit y han permitido terminar el año con menos 6 millones, en lugar de los menos 19 previstos.

Esa posible sanción tiene también temblando al resto de hospitales de la XHUP, la red hospitalaria de utilización pública que engloba al 80% de los hospitales que trabajan para el Servei Català de la Salut y que, como Sant Pau, tributan a la Seguridad Social las horas de guardia como ordinarias.

"La multa nos coloca en una situación de riesgo absoluto, abocados a la insolvencia. Hasta ahora se ha ido haciendo frente, sobre todo, pagando más tarde a los proveedores. Si traspasamos este límite, no nos servirán", explican fuentes de la dirección del hospital.

La segunda razón aducida para entregar la responsabilidad de la gestión al Departament de Justícia es la ingobernabilidad. En los últimos diez meses, en los que se pretendía acometer grandes cambios para arreglar el hospital, sólo se ha conseguido un acuerdo con el comité de empresa. En su lugar, un enjambre de demandas, que empezaron por una denuncia por delito societario, malversación y estafa procesal, con la que se persigue, entre otras cosas, que se reconozca al hospital como una entidad privada y no pública. De ese modo, no se debería imponer a los trabajadores del hospital los recortes salariales (la extra de Navidad) y de servicios (guardería, comedor) que se han aplicado a la función pública.

¿Y después? "Esta es la última oportunidad", advirtió el presidente del patronato a los mandos del hospital reunidos. Desde el punto de vista de la dirección, es posible que después de este episodio de excepción se recupere totalmente la autonomía de gestión, pero creen que si no se consigue la total reestructuración del centro "se abrirá la puerta a cualquier otra cosa".

Los directivos están pidiendo, básicamente, que sus médicos se mojen y cambien su actitud. "A pesar de la situación, el año se cerró con una buena actividad asistencial y sin perder calidad", aseguran. Y apelan a esa mayoría de profesionales.

Y se cita de vez en cuando al hospital Clínic, también a la espera de una definición empresarial y aún, también, bajo la presidencia del doctor Pomés. En el Clínic esperan la presentación de los presupuestos de la Generalitat para saber cómo van a quedar organizados. Según una carta de la gerencia a sus trabajadores, las claves de esa reordenación serán convertirse en una fundación con participación de los profesionales del centro y seguir siendo un centro absolutamente público. En este hospital, estructurado hasta ahora en torno a varios institutos con una importante autonomía de gestión, los médicos asumieron un papel mucho más decisivo en la actividad. Cada instituto tiene un presupuesto adjudicado y elige a uno de sus médicos para dirigirlo. Cada equipo conoce el dinero con el que cuenta para ese año y decide cómo se va a invertir para llevar a cabo la actividad que tiene encomendada y la que se propone avanzar o intensificar.

Ese modelo de implicación de los médicos se intenta extender a los responsables de enfermería. Por eso, enfermería y facultativos son los principales posibles socios de la nueva fundación, que podría crearse para dirigir el Clínic. Pero quedan muchos flecos y los representantes de ambos estamentos se quejan de no saber nada concreto.

El Hospital de Sant Pau pide ser intervenido para asegurar su futuro

• El Centro está al borde de la inviabilidad económica y es imposible de gobernar, según el patronato.

10-04-2013. El Periódico.

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha pedido al Protectorado de Fundaciones de la Conselleria de Justícia que intervenga el centro para "garantizar la viabilidad" del mismo ante el actual escenario de demandas judiciales que comprometen el hospital. Así lo ha explicado este miércoles en un comunicado el presidente de la fundación gestora del hospital, Xavier Pomés.

La petición supone entregar la autonomía del hospital al protectorado, que deberá avalar y fiscalizar la gestión del hospital. Fuentes de la conselleria han explicado que todavía no han recibido la petición formal del patronato pero que la estudiarán en cuanto les llegue.

En el comunicado, Pomés afirma que la intervención sería una medida "temporal" --podría ir de seis meses a un año-- y señala que se trata de "la última oportunidad" del hospital tras años de conflictos. "La voluntad del patronato pasa por continuar haciendo todos los esfuerzos para luchar por la viabilidad y gobernabilidad del hospital, y se hace un llamamiento de todos los estamentos del centro", ha remarcado Pomés. Según informó el martes Pomés a los 200 mandos del centro, el hospital está a punto de la más absoluta inviabilidad económica y resulta imposible gobernar.

Déficit de 50 millones

La intervención supone un paso más dentro de la vigilancia económica a la que la Conselleria de Salut decidió someter al centro hace un año ante el déficit que arrastraba el centro, de 18 millones de euros en ese momento, y que también provocó el cese del entonces gerente Jordi Varela. El déficit acumulado del centro alcanza los 50 millones de euros.

El hospital tiene varios conflictos abiertos, entre los que se encuentra una demanda ante Inspección de Trabajo de 11 millones de euros para que las horas de guardia de los profesionales sean consideradas como horas extra.

Además, recientemente, el Juzgado Social 21 de Barcelona declaró ilegal el descuento del 5% aplicado a los médicos en los años 2010 y 2012 al considerar el juez que el hospital se rige por una fundación privada, y siguen su curso las varias demandas presentadas por la médica Carmen Pérez y el comité de empresa por desviación de fondos, estafa y malversación de fondos en el pasado.