Sanidad pierde 16,7 millones al año por la privatización de las resonancia (Valencia)

Sanidad pierde 16,7 millones al año por la privatización de las resonancia (Valencia)

• La Sindicatura de Cuentas certifica el descontrol de la Generalitat en la fiscalización de las pruebas en los hospitales de la provincia.
• Las empresas adjudicatarias han facturado al Consell 173,9 millones en cuatro años por realizar las exploraciones.

02-08-2013. Diario Información.

La Sindicatura de Cuentas lanzó ayer una propuesta al Consell para adelgazar sus enormes gastos en el ámbito sanitario. En un amplio informe sobre la gestión del concierto de resonancias magnéticas, el órgano fiscalizador desvela que la privatización de este servicio está acarreando unas «pérdidas» anuales de 16,7 millones a las arcas autonómicas. Esa cifra es la cantidad de dinero exacta que ahorraría la Generalitat, según la Sindicatura, si no hubiera optado por la fórmula de la concesión. Es decir, si en vez de haber optado por privatizar esas pruebas, las hubiera realizado «con medios propios».

El título del documento –«Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro»– ya deja entrever la propuesta del órgano auditor. En el texto se explicita, en primer lugar, que la Conselleria de Sanidad adjudicó la concesión a finales de 2008 a la UTE Erescanner –integrada por las empresas que ya prestaban el servicio en los distintos hospitales– durante un periodo de 10 años. Desde entonces y hasta finales de 2012, las firmas han facturado a la Generalitat 173,9 millones. De ellos, sin embargo, más de 10 no se habían abonado y se encontraban catalogadas como facturas en los cajones. Es decir, fuera de presupuesto.

La cuantía abonada habría sido netamente inferior si las exploraciones se hubiesen realizado desde el ámbito público. Según los cálculos de la Sindicatura, la UTE percibió el pasado año una media de 257,19 euros por cada informe que realizó (visitas de los pacientes a los centros hospitalarios y sus correspondientes resonancias). Si las exploraciones se hubieran acometido desde el sistema público de salud, ese guarismo habría sido «sólo» de 108,36 euros, de acuerdo con el informe. El ahorro, por tanto, sería considerable.

Otra alternativa para reducir gastos sería realizar las resonancias magnéticas en equipos de la empresa concesionaria, pero que los informes los emitan facultativos del hospital y no de la empresa privada. Si se optara por esa vía, la Conselleria de Sanidad vería reducido su gasto anual en una horquilla que oscila entre los 406.000 euros y los 2 millones, en función del porcentaje de exploraciones asumidas. La tercera recomendación que realiza el órgano estatutario para adelgazar la factura sanitaria pasa por que sea la administración pública y no la UTE la que adquiera un producto que se inyecta a determinados pacientes para que el radiólogo pueda observar con más claridad ciertas áreas del cuerpo. «Si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en torno a 900.000 euros», reza el informe de la Sindicatura de Cuentas.

Otro aspecto destacado del documento es el descontrol de la Conselleria de Sanidad a la hora de fiscalizar el servicio de resonancias magnéticas. Los tres hospitales de la provincia en los que opera la UTE suspenden. Algunos, incluso, con muy mala nota. Por ejemplo, el de Sant Joan. Hasta enero de 2013, el servicio estaba externalizado. Desde ese mes, sin embargo, son profesionales públicos los que lo han asumido. Pues bien, desde 2008 hasta 2012, el control de las exploraciones que se realizaban allí era prácticamente nulo, según revela el texto.

La petición para realizar las pruebas no la canalizaba el servicio de radiodiagnóstico del hospital; tampoco se evaluaba la petición; las solicitudes facturadas no llevaban una etiqueta con las exploraciones realizadas; y no se comprobaba la equivalencia de las pruebas realizadas con el tipo de resonancia que en realidad se hacía. En resumen, el control brillaba por su ausencia.

El Hospital General de Alicante aparece como el segundo peor de la Comunidad Valenciana a la hora de fiscalizar la prestación del servicio.

Aparecen las mismas lagunas que en Sant Joan, aunque a cada factura sí le acompañaba una etiqueta con las pruebas practicadas.

El informe además pone cifras a los continuos retrasos en los pagos de la administración autonómica. La concesionaria del servicio de resonancias tampoco se libra. Pese a que hasta hace unos meses el plazo máximo legal para pagar estaba cuantificado en 60 días, Sanidad tarda ni más ni menos que 297 días. Con ese guarismo se presume harto complicado que la Generalitat puede abonar sus facturas a finales de año a 30 días, tal y como exige ahora una directiva europea. Ese es el objetivo del Consell. Pero una vez que acabe 2013, se acabarán los planes de ayuda del Gobierno central. La empresa parece una quimera.

El PSPV denuncia el «despilfarro y la opacidad» del Consell

Las reacciones al informe de la Sindicatura de Cuentas no tardaron en llegar. El portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Ignacio Subías, exigió ayer la comparecencia urgente del conseller del área, Manuel Llombart, para explicar el documento del órgano fiscalizador. «En él se desvela la opacidad del Consell y el despilfarro cometido con la privatización de este servicio», denunció Subías en un comunicado. El parlamentario del PSPV recordó que su grupo se opuso en 2008 a la concesión de las exploraciones a empresas privadas, pero el PP se opuso. «Los datos del informe nos demuestran ahora el gran despilfarro que el Consell realiza con la gestión privada de muchos de los servicios», reiteró Subías.


La gestión pública de las resonancias ahorraría hasta 16.7 millones al año.

• La Sindicatura de Comptes audita el concierto privado y recomienda medidas a la Generalitat Valenciana.

1-08-2013. El País.

Las resonancias magnéticas son más baratas para el erario público si los aparatos son propiedad del mismo sistema valenciano de salud y las gestiona su personal. También si los informes corren a cargo de facultativos de la red pública de hospitales aunque los aparatos los suministre un proveedor privado. Hasta el contraste, el material químico que necesita esta técnica, sale más barato para la gestión pública. La Sindicatura de Comptes, en ejecución de una de sus auditorías operativas, ha revisado a fondo el concierto para la realización de técnicas de diagnóstico por imagen mediante resonancias magnéticas. Y sus conclusiones desmienten sin ambages que la prestación privada del servicio tenga ventaja alguna para la Generalitat.

El “ahorro potencial anual” oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la Sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios”, indica el documento que el organismo fiscalizador hizo público este jueves bajo el título Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro. El coste medio por exploración fue de 257,1 euros en 2012 y se reduciría a 108,3 euros. El informe, el segundo de la Sindicatura sobre conciertos sanitarios, añade que, en el caso de que se optara por la realización de exploraciones con equipos del proveedor pero fueran los facultativos del sistema público los que informaran las pruebas, el ahorro anual se movería en una horquilla entre 406.000 euros y dos millones.

Además, la Sindicatura calcula que, visto lo que cuesta el contraste al hospital Peset de Valencia y al de San Juan, “si todo el contraste fuera adquirido directamente por los hospitales y no suministrado por la empresa concertada, el ahorro potencial anual se situaría en torno a los 900.000 euros”. Todavía podrían ahorrarse otros 465.000 euros anuales si la denominada “tasa de frecuentación” se calculara en función del número de exploraciones y no por paciente.

La concesión del servicio de resonancias magnéticas en el sistema público a empresas privadas es un asunto que levanta polémica desde hace años. La Generalitat Valenciana optó por concertar de manera general ese servicio desde los tiempos de Eduardo Zaplana en la presidencia. En 2008, con Francisco Camps como jefe del Consell, la Consejería de Sanidad lo adjudicó por 10 años a una UTE, Erescanner Salud, constituida por empresas que venían desempeñándolo por zonas y por otras que gestionan áreas sanitarias concertadas. Se trata de Eresa, Inscanner, Beanaca y Ribera Salud. El contrato es de 497,1 millones de euros hasta 2018. Como destaca la Sindicatura, ese contrato supuso “el 10,9% de los 469,5 millones de euros de las obligaciones reconocidas en 2012 de conciertos sanitarios de la Dirección General de Asistencia sanitaria”.

Solo el Hospital Peset Aleixandre, en Valencia, que fue pionero en el uso de este tipo de equipos, y el de San Juan, en Alicante, que lo ha instalado recientemente, disponen de equipos de resonancia magnética de gestión pública. La modalidad de resonancias realizadas con equipos privados ubicados en hospitales públicos, pero con informes emitidos por facultativos del hospital, funciona en La Fe, en Valencia, y la Sindicatura recomienda que la Generalitat evalúe su “implantación progresiva”, no solo por el potencial ahorro, “sino también por prever la posibilidad de que, una vez finalice el contrato vigente, en octubre de 2018, se disponga de facultativos especialistas con la suficiente formación y experiencia para asumir, en su caso, el servicio con recursos propios”.

La Sindicatura, que ha recabado alegaciones tanto de la Consejería de Sanidad como de la UTE concesionaria, señala también en su informe que la larga duración del contrato "podría resultar un impedimento a la Administración para aprovechar ventajas que puedan derivarse de la evolución tecnológica" y señala que sería deseable, “tal y como en la mayoría de los contratos consultados de otras comunidades autónomas se ha constatado”, que el plazo fuera más reducido y, en todo caso, se contemplaran prórrogas.

El informe aborda también los controles que la consejería ejerce sobre la prestación concertada, detecta “numerosas incidencias relacionadas con una incorrecta valoración de las pruebas realizadas” y concluye que “no se dispone de información suficiente para evaluar si la empresa concertada ha cumplido los plazos establecidos en los pliegos para la realización de exploraciones”.