El personal fijo de los seis hospitales puede pedir traslado hasta el 11 de octubre
- Los 2.800 interinos deben decidir antes del 19 de septiembre si quieren ser contratados.
- Las peticiones de traslado se puntuarán según la categoría y antigüedad del profesional en el Sistema Nacional de Salud.
Los 2.000 sanitarios fijos de los seis hospitales que serán privatizadosen la Comunidad de Madrid tienen hasta el 11 de octubre para pedir el traslado a un centro público. Y los 2.800 interinos y eventuales deben decidirse antes del 19 de septiembre. Todos ellos pertenecen al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que cuenta actualmente con unos 15.500 especialistas.
El plan de movilidad de los funcionarios es "totalmente voluntario", mientras que el personal temporal tiene asegurado el mantenimiento del empleo, según la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, para quien nunca un proceso que afecte a empleados públicos en España ha ofrecido "tantas garantías a los profesionales".
El personal fijo podrá elegir entre tres posibilidades: continuar en el mismo hospital pero dependiendo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), con el mismo sueldo y condiciones laborales; trabajar para la empresa si esta le ofrece mejores condiciones, solicitando una excedencia "muy privilegiada" y pudiendo volver cuando quiera al Sermas, o bien acogerse al plan de movilidad.
Las peticiones de traslado se puntuarán según la categoría y antigüedad del profesional en el Sistema Nacional de Salud. El primer año habrá tres plazos —el que se abre ahora, uno en enero y otro en junio—, ya que la Consejería pretende que los profesionales puedan "probar" la experiencia de seguir en su hospital antes de decidirse. Flores ha asegurado que la consejería "no dispone de datos" sobre cuántos sanitarios podrían acogerse a la movilidad y se ha mostrado convencida de que "la mayoría probará" a quedarse en el hospital.
Entre los fijos, 560 son médicos, un colectivo que se suele mover "en base a equipos de trabajo en las especialidades", que son un factor "importante a la hora de decidir", mientras el personal de enfermería lo hace "fundamentalmente por proximidad al domicilio", según el director de Recursos Humanos de la consejería, Armando Resino. Este ha subrayado que "no se trata de un concurso, sino un proceso de movilidad voluntaria", y que será Sanidad quien determine la oferta de plazas, en función del número de candidatos, y el destino que les corresponda, según el procedimiento aprobado en marzo pasado en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos.
"No existe una estimación de cuántos querrán seguir, pensamos que el personal trabajará al menos un cierto tiempo con las empresas", según Resino, y quienes opten por la excedencia, que no tiene un mínimo de permanencia, mantendrán su antigüedad y tendrán, una vez al año, la posibilidad de volver al Sermas.
Los interinos y eventuales tienen el empleo asegurado pero no las condiciones, que deberán negociar con las empresas, mientras que las concesionarias deberán respetar las condiciones actuales del personal laboral. A juicio de la viceconsejera, a las empresas "les interesa la fidelización del paciente a través de los profesionales que les atiende", por lo que "ofrecerán condiciones suficientemente atractivas como para retenerlos".
La número dos de Sanidad ha reiterado que la consejería controlará la calidad asistencial y los resultados mediante una serie de indicadores, y que habrá un representante de la Administración en cada hospital "que es un garante", según Flores para quien "la empresa lo que querrá es que los profesionales traten bien a los pacientes". Respecto al corto plazo, un mes, para que los 2.400 interinos y 400 eventuales negocien sus contratos, Resino ha asegurado que se han dado instrucciones para que éstos sean localizados por e-mail o teléfono móvil aunque estén de vacaciones.
"Tomaremos todas las medidas en nuestra mano para que los pacientes sean tratados como hasta ahora y no noten ningún cambio", ha dicho antes de subrayar que la empresa "tiene la obligatoriedad" de contratar al personal temporal, que "también son un pilar del hospital". "Nunca he conocido un proceso en el que se den tantas opciones con tantas garantías a los profesionales", ha concluido Flores.
El 30 de septiembre es "el horizonte" con el que trabaja la Consejería para el traspaso de la gestión, aunque el plazo es de dos meses tras la adjudicación, que se completó ayer, y ya han empezado las reuniones técnicas entre Sanidad y las adjudicatarias.
Madrid adjudica los hospitales sin esperar sentencia
- El proceso está recurrido en varios tribunales, incluido el Constitucional.
El mayor plan de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España, el que Madrid está impulsando en seis de sus hospitales más nuevos, se consolida en el mes de agosto pese a los múltiples recursos que esperan a que pasen las vacaciones en distintos juzgados de la capital. Con la adjudicación definitiva, ayer, de los tres hospitales que faltaban (Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; Infanta Cristina, en Parla y el del Tajo, en Aranjuez) al grupo puertorriqueño Hima San Pablo se da por finalizado el proceso administrativo. Hacia finales de septiembre, si ningún tribunal dice lo contrario, la gestión de la asistencia sanitaria de casi 1,2 millones de madrileños pasará efectivamente a manos privadas.
La Comunidad de Madrid ha decidido no esperar a ver qué determina la justicia —“no podemos parar un procedimiento administrativo”, argumentó ayer la viceconsejera, Patricia Flores— y firmar las adjudicaciones, que han exigido que las tres empresas ganadoras del concurso depositaran avales por valor de 28 millones de euros. Cantidades que, según recuerda Patricia Alonso, la portavoz de la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización, “podrían quedar en suspenso hasta que se resuelvan los procesos judiciales”. La Comunidad de Madrid asegura que ahorrará 168 millones de euros al año. Pagará, durante 10 años, una cápita (cantidad por persona y año) de entre 448 y 549 euros. Asegura que es un 20% inferior a lo que cuestan ahora.
La marea blanca no solo ha estado activa en la calle, con continuas manifestaciones y actos de protesta desde que, en octubre pasado, se anunciara la intención de entregar la gestión de seis hospitales y un número indeterminado de centros de salud —los primeros cuatro se podrían licitar este otoño— a empresas. También han llevado a los tribunales, a través de la oposición, sindicatos sanitarios y asociaciones de médicos, sus objeciones al plan madrileño: desde el Constitucional a los contencioso-administrativos, pasando por el Tribunal Europeo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es el que con mayor probabilidad deberá pronunciarse durante el mes de septiembre. A principios de mes admitió a trámite un recurso del Ayuntamiento de Parla, que argumenta que cedió gratis una parcela municipal —valorada en 29,5 millones de euros— para construir en ella un hospital público y que ahora el objeto de esa cesión ha cambiado. Exige una compensación económica o incluso poder revertir la cesión.
Otros recursos contencioso-administrativos también están en la agenda de septiembre del TSJM. Tiene que decidir sobre el recurso que presentó el PSOE después de que se le denegara la legitimación para llevar el asunto a los tribunales. Y también debe pronunciarse sobre la petición de la asociación de médicos Afem de suspensión cautelar del proceso de privatización. Las dos organizaciones denunciaron que Sanidad redujo, mediante una corrección de errores publicada en el boletín oficial, a una décima parte la garantía que deben aportar las empresas para hacerse con las concesiones. El TSJM archivó el recurso del PSOE sin estudiar el fondo del asunto.
También en septiembre están llamados a declarar los imputados y los testigos de la querella que Afem presentó en junio por delitos de malversación y prevaricación presuntamente cometidos por la cúpula sanitaria madrileña (dos exconsejeros y dos actuales altos cargos) durante la primera ola privatizadora en Madrid, la que empezó en 2003 con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia. El magistrado ha pedido exhaustiva información mercantil y económica que, según la Consejería de Sanidad, se le enviará en breve.
Una de las consecuencias del plan de privatizaciones es la incertidumbre sobre los puestos de trabajo de 5.200 sanitarios. El 60% de todos ellos son eventuales o interinos. El personal fijo, que supone otro 30% —el resto es personal laboral, que será subrogado—, podrá elegir entre quedarse en su hospital bajo las órdenes de la empresa pero cobrando del Servicio Madrileño de Salud, pedir una excedencia o reclamar el traslado a un centro de gestión pública. Patricia Flores explicó ayer que las concesionarias están obligadas a ofrecer a los eventuales quedarse en sus puestos, pero en las condiciones que consideren oportunas. “Estoy convencida de que ofertarán buenas condiciones para que se queden. La gestión solo les es rentable si fidelizan a los pacientes”, dijo.
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